El consumo de drogas se popularizó en los siglos XVIII y XIX debido a su doble uso: por una parte, se utilizaban para estimular y tranquilizar a sus consumidores; por otra, las drogas habían establecido una relación de dependencia entre estos consumidores y los miembros de la élite colonial, encargados de adquirirlas en sus lugares de origen y comercializarlas evadiendo el pago de impuestos. El carácter clandestino de esta actividad dificulta enormemente la investigación sobre el tema. Por este motivo, apenas existe historiografía en torno a los orígenes de la comercialización y el consumo previos a las primeras leyes sobre drogas.
Primeras leyes sobre drogas
La primera conferencia internacional para fiscalización del tráfico de drogas se realiza celebró en Shanghai en 1909, organizada por la Comisión del Opio de la Haya con la finalidad de regular y dominar el mercado mundial de la sustancia. Tras una asamblea del Comité Consultivo sobre el Tráfico del Opio y otras Drogas Nocivas de la Sociedad de Naciones en 1920, se alumbró la Convención de 1925 o Segunda Convención Internacional del Opio. Este convenio, además de restringir el tráfico del opio, morfina y cocaína, incluía el cannabis como sustancia ilícita. Es el primer documento que aboga por la prohibición de drogas.
A esta convención le siguieron otras dedicadas a limitar la fabricación mundial (1931) y suprimir el tráfico ilícito (1936), hasta llegar en 1946 a la ONU y desarrollar el control de sustancias sintéticas en 1948, la regulación y control de la adormidera en 1953 y la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961 –esta fue firmada en Nueva York para modernizar y unificar los tratados sobre sustancias restringidas; y modificada en 1971 en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas-. En 1967 se creó en Viena la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para controlar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre estas sustancias.
Fue en 1988 cuando se realizó en Viena la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que supuso un importante paso adelante al regular el control de sustancias precursoras y el blanqueo de capitales.
Historia de la ley contra las drogas en España
Hasta 1918 no existía una ley de drogas en España contra aquellas sustancias hoy consideradas ilegales. Previamente, el uso de drogas estaba regulado como el de cualquier otro fármaco y se dispensaban en farmacias –cocaína y heroína incluidas-. A partir de 1918, con el Convenio Internacional sobre restricción en el empleo y tráfico de opio, morfina, cocaína y sus sales, empezó el control de drogas requiriendo receta médica para su consumo.
Esto marcó el comienzo de un mercado negro asociado a médicos y farmacéuticos.
Durante los primeros años del franquismo se extendió el uso de barbitúricos y anfetaminas, que llegaron a conocerse como la droga española. La morfina estaba institucionalizada con el carnet de extradosis, garantizando su uso en farmacias, mientras que el uso de cannabis se relegaba a ambientes marginales y el consumo de cocaína, a ámbitos de las clases sociales más privilegiadas.
En 1928 se promulgaron las Bases para la restricción del Estado de la distribución y venta de sustancias estupefacientes y la inclusión de drogas tóxicas y estupefacientes en el Código Penal. La ley española 17/1967 de Estupefacientes, en la que se adoptaban medidas de adaptación a la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas de 1961, preveía el funcionamiento de la Brigada Especial de Investigación de Estupefacientes y el funcionamiento de centros asistenciales especializados en el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP).
En 1933, durante la II República, fue publicada la Ley de Vagos y Maleantes, que trataba de prevenir las complicaciones sociales –muchas veces de raíz psicopatológica-, entre ellas, el alcoholismo y otras adicciones. Esta ley hacía referencia a los ebrios y toxicómanos, así como a los que suministrasen alcohol a menores o favoreciesen la embriaguez habitual, determinando para ellos medidas de seguridad y de custodia.
En 1970 la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, incidía en la prevención del estado peligroso determinado por los ebrios y toxicómanos regulando la puesta en práctica de medidas de seguridad.
En 1976 el Ministerio de Justicia organizó una comisión para adoptar medidas de estudio y control de los problemas derivados del consumo de drogas.
Nueva ley de drogas – Plan Nacional Sobre Drogas
En 1984, la preocupación existente por los problemas relacionados con el consumo de drogas y por la necesidad de afrontarlo del modo más eficaz posible, se puso de manifiesto en el Debate sobre el Estado de la Nación. Ese año, se constituyó en el Senado una Comisión de Encuesta sobre Drogas y el Congreso aprobó la elaboración de un Plan de Prevención contra la droga.
El Consejo de Ministros creó un Grupo de Trabajo Interministerial coordinado por el ministro de Sanidad y Consumo, y un grupo técnico para instrumentar el plan.
Las directrices del Plan Nacional se dieron a conocer en 1984 en partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales y otras instituciones; y a partir de abril de 1985 se celebraron varias conferencias sectoriales y técnicas ya con presencia de delegaciones de las comunidades autónomas y municipales. En julio de 1985 se aprobó finalmente por el Consejo de Ministros el Plan Nacional sobre Drogas. Empezó entonces el desarrollo de los Planes Autonómicos sobre Drogas, la estructuración de sistemas informativos a nivel estatal –Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías o SEIT- y a nivel autonómico –Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías-.
Conclusiones
Las oportunidades de socialización que ofrecían estas sustancias en el siglo XIX condujeron a tolerar el consumo de las mismas durante un largo período en la Europa de la época. Asimismo, entre los factores que intervinieron en la aceleración del mercado de sustancias encontramos las mejoras de producción, transporte y elaboración de drogas químicas. Paralelamente, surgieron problemas sociales de exceso de consumo que se convirtieron en factor de riesgo para el orden social y la salud pública.
En definitiva, en toda Europa se adoptan medidas para reducir la oferta y la demanda de nuevas sustancias psicoactivas. Desde entonces, distintos estados han emprendido iniciativas para mejorar y acelerar las respuestas legislativas a las nuevas sustancias, los productos que las contienen y quienes las venden.
Bibliografía
Correa de Carvalho, J. T., (2007) Historia de las drogas y de la guerra de su difusión. Recuperado de: http://noticias.juridicas.com
Torres, M. A., Santodomingo, J., Pascual, F., Freixa, F. y Álvarez, C. (2008). Historia de las adicciones en la España Contemporánea. ISBN: 978-84-612-8923-3
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